Resumen: La trabajadora demandante , que ha venido prestando sus servicios laborales con varios contratos de interinidad , el último de ello de interinidad por vacante, con una duración en este último de más de tres años, es cesada al cubrirse la plaza como consecuencia de la resolución de un concurso de traslados. la trabajadora demandante acciona por despido , que se desestima pero se le reconoce una indemnización por fin de contrato de 20 días de salario por año de servicio. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la Administración de mandada que se desestima. Se argumenta por la Sala que el retraso en la convocatoria del concurso y resolución del mismo solo es imputable a la Administración al haber convocado el concurso contraviniendo el Convenio de aplicación. Y partiendo de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, modificada como consecuencia de la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confirma el criterio de instancia que la relación laboral es fraudulenta y por lo tanto debe de calificarse de indefinida no fija, siendo causa de extinción la cobertura de la plaza de forma reglamentaria , como así ha sido, y teniendo derecho el trabajador a percibir la indemnización por fin de contrato antes citada, confirmado con ello la sentencia de instancia.
Resumen: La parte actora presentó la solicitud de devolución de las cotizaciones indebidamente ingresadas (junio y julio 2020), lo que fue denegado por al TGSS invocando que se solicitó de forma extemporánea habiendo trascurrido los tres meses fijados en el art. 20.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015. En el asunto examinado no puede entenderse que la actora no presentase la petición en tiempo y forma para que la TGSS aplicase las exoneraciones previstas en el art. 4.2 del Real Decreto-Ley 18/2020 , ya que el 27/06/2020 presentó la declaración responsable de reanudación de la actividad exigida en el art. 4.3 del mismo, formalidad a partir de la cual la Administración debió proceder a aplicar los beneficios en la cotización previstos.El hecho de que la entidad actora después intentase modificar la fecha de efectos de esta exoneración no altera que cumplió las formalidades previstas en el modo legalmente consignado, por lo que no puede considerarse que la Administración careciese de imputabilidad alguna en la omisión de aplicar los beneficios sociales correspondientes. Además, resulta del expediente que la TGSS, ante las peticiones cursadas por la actora a fin de que se alterase la fecha de reanudación de la actividad empresarial, contestaba que se había modificado o que se había denegado, de forma confusa y contradictoria, de modo que la sociedad actora no alcanzó a conocer cuál era la fecha a tener en cuenta para aplicar estas exoneraciones.
